JORGE LAZARTE

Una de las consecuencias políticas de mayor calado de un censo tan “inéditamente” controvertido, es la que se refiere a los datos sobre autoidentificación indígena, bien distintos y hasta contrarios a los datos del censo anterior.

Según los datos del censo de 2001, la autoidentificación indígena en el país llegaba al 62% . Y la suma de los aymaras y quechas era del 55%. Se los declaró mayoría en el país. En la vorágine de la crisis política de los años 2000, se hizo valer estos datos como prueba histórica que esa mayoría había sido siempre excluida por un Estado “neoliberal” y “colonial” y que, por tanto, había que “refundar” ese Estado sobre nuevos sujetos históricos.

En la Constituyente y en la diversidad de publicaciones de todo tipo, esos porcentajes sirvieron de argumento para transmutar los derechos legítimos de los pueblos indígenas en un nuevo diseño estatal que debía “reflejar” lo que es el país, como se dijo, y que fue denominado Estado “plurinacional”. Los constituyentes masistas -y con ellos desde fuera muchos encandilados y con conciencia culpable- martillaron con que esa mayoría real convertida en base estatal, transformaría por vez primera en la historia del país al Estado “oligárquico” de minorías en Estado “democrático” de mayorías. No sirvió de nada alegar que esa mayoría no era el todo, y que debía pactar con la “otra” parte del 40% las nuevas reglas de la convivencia

Ahora los datos del censo cuestionado de 2012 revelan que los indígenas ya no son lo que fueron, y dejaron de ser la mayoría. La autoidentificación indígena ha descendido bruscamente al 41%, mientras que los que no se autoidentifican con ninguno de los “pueblos indígenas” que figuran en la Constitución, son el 59%, y que los aymaras y quechas juntos no llegan al 36%. Es un vuelco brusco que altera los fundamentos ritualizados de la política. La mayoría de ayer es ahora minoría, y la minoría, mayoría.

Esto quiere decir, que con ello se habría venido abajo todo el cimiento social del Estado “plurinacional”, y su justificación histórica. Entonces, ¿sigue siendo pertinente calificar al Estado de plurinacional? ¿Esta nueva realidad demográfica no obligaría más bien a revisar la matriz étnica de la Constitución Política “plurinacional” y corregir sus graves disfuncionalidades, que son tanto producto como defectos de construcción? Si lo “plurinacional”, en términos de la Constitución, excluye a los no “indígenas”, ¿no será necesario por lo menos redefinir lo que debe entenderse constitucionalmente por “nación”, que no sea su sentido arcaico y estatalizado, y desplazar la columna “plurinacional”- si se persiste en una expresión equívoca- allí donde sea compatible con lo nacional? Quizá la fórmula de Estado “republicano” y “nacionalidad boliviana” - ue fue eliminada por un rapto “descolonizador”- debe ser rehabilitada por ser más integradora . La cuestión es de no poca monta, pero el error del “experimento” ha sido asentar el Estado sobre identidades étnicas siempre permeables e hipostasiadas en razón de la “causa”.

Lo que puede desconcertar a muchos es que las autoidentificaciones indígenas se precipiten en un momento en que el Estado institucionalmente les pertenece, y en el que se ha hecho banal decir maquinalmente Estado plurinacional. Pero, una Constitución no es mera retórica, es una cuestión muy seria en un país serio. Es la base sobre la que se organizan instituciones.

En todo caso, la experiencia efectiva de los últimos años no es precisamente alentadora y es una dura lección contra los que “inventaron” una historia a medida en el delirio de la revolución proclamada, confundiendo derechos de pueblos indígenas con proyectos y ambiciones de poder.

Jorge Lazarte es politólogo.

Tomado de paginasiete.bo