HENRY OPORTO 

Es indudable el éxito diplomático del Gobierno: Bolivia regresa a la Convención de Viena, levantándosele la prohibición del acullicu en el territorio nacional. El significado de este hecho es que, ahora, dicha Convención se ajusta a la realidad del acullicu, una práctica que, no obstante su prohibición internacional, en Bolivia nunca se vio penalizada o restringida: los bolivianos siguieron “pijchando” como siempre, ignorando que desafiaban una obligación contraída por el Estado boliviano.

He ahí otra muestra de la inutilidad de las legislaciones prohibicionistas y su vano intento por acabar con tradiciones arraigadas en las comunidades nacionales.

La tolerancia, que ahora parece expresar una mayoría de países hacia el masticado de la hoja de coca en Bolivia, puede ser entendida como otra señal más del nuevo clima que surge en el escenario internacional con respecto a la cuestión de las drogas. Por cierto, un clima propicio para el debate sobre el futuro de la política antinarcóticos, a la luz del comprobado fracaso de la guerra contra las drogas, y por tanto de la necesidad de encontrar alternativas más eficaces, basadas en la regulación del mercado, la educación, la prevención y la salud, tal cual lo vienen pidiendo destacados líderes políticos del mundo.

En Bolivia, la guerra contra las drogas ha dado paso a la interdicción del narcotráfico y la erradicación de cocales. Pero su pretendido rigor y dureza sólo es comparable con sus pobres resultados. Los cultivos de coca se mantienen cerca de las 30.000 hectáreas, casi tantas como las que había hace 25 años, cuando entró en vigor la Ley 1008 y se fijaron las 12.000 hectáreas de producción legal. Año tras año aumentan los operativos policiales, se destruyen pozas y fábricas, proliferan las incautaciones de droga y precursores, y no obstante la producción y comercialización de cocaína siguen creciendo. El narcotráfico no cesa de crecer, lo mismo que la delincuencia y la violencia asociadas. Mientras tanto, el poder de la coca ha ido expandiéndose en todos los órdenes.

Pero el fracaso del prohibicionismo envuelve al mismo Gobierno del MAS. Con la DEA y sin ella, Evo Morales ha tenido que adaptarse a las directrices de la execrada Ley 1008. Su estrategia de “racionalización” y “control social” no es sino una versión suavizada, blanda, de la política de erradicación y sustitución de cultivos establecida por Paz Estenssoro, y continuada por todos sus sucesores. Entretanto, la ansiada industrialización de la coca no ha pasado de ser un buen deseo.

Tampoco ha podido demostrarse un crecimiento real del mercado legal de la coca, que justifique una mayor producción.

En cambio, es incontenible la penetración del narcotráfico en las estructuras estatales, la corrupción de la Policía y de altos funcionarios políticos y autoridades judiciales, la permanente transgresión de la ley, la erosión de las instituciones, el debilitamiento de la autoridad del Estado, la pérdida de control del territorio nacional, el creciente poder de presión de los sindicatos cocaleros. El Gobierno actual es también víctima de estos males.

La erradicación de la coca y el combate al narcotráfico destacan menos por sus logros que por sus consecuencias indeseadas e inesperadas. Bolivia ha pagado un alto costo de inestabilidad económica, social y política. ¿No es éste el momento para discutir el cambio de una política ineficaz y contraproducente? En lugar de utilizar la despenalización del acullicu como coartada para resistir la presión externa, ¿no es mejor asumir la responsabilidad de plantear, abiertamente y con transparencia, la búsqueda de una nueva y efectiva política internacional contra las drogas?

Hay signos de que la comunidad internacional está hoy más dispuesta a acometer un debate sobre la política antidrogas. Algunos pasos promisorios vienen dándose, como la propia decisión de la OEA de explorar posibles escenarios para otras alternativas. También la opinión pública norteamericana y varios estados de la unión se mueven hacia un nuevo enfoque basado en la regulación del mercado de las drogas. He aquí una oportunidad para que Bolivia pueda insertarse en esta renovada corriente y que ello le permita, en acuerdo con otros gobiernos y organismos, reenfocar su propia estrategia frente al tema.

Está en nuestro interés que el debate sobre las drogas prospere. Este contexto debería ser propicio para buscar un consenso político sobre la manera de encarar la economía de la coca-cocaína y frenar el consumo de drogas en el país, sustituyendo el prohibicionismo estéril por una política realista que considere alternativas en la regulación, los estudios científicos sobre posibles usos alternativos e industriales de la coca, y desde luego en la prevención y la educación, así como en un nuevo modelo de cooperación internacional. Ésta es una agenda de futuro. Crucial para la paz social y el porvenir democrático del país.

Tomado de paginasiete.com.bo