HENRY OPORTO
Un marcado desaliento y pesimismo embarga a los actores de la minería, tras un año preñado de frustraciones. En 2013 ha continuado la caída de las exportaciones mineras, como resultado de la baja de los precios y de menores volúmenes en la producción en el país.
En 2012, el valor de las exportaciones mineras fue de 3.871 millones de dólares, 20% menos que lo exportado en 2011.
Este porcentaje de disminución considera el valor real de las exportaciones de 2011, que fue de 3.448 millones de dólares, y no el monto de 3.877 millones que aparece en la estadística oficial (porque incluye 1.100 millones de dólares de exportaciones de desperdicios de oro).
Recuérdese que el ministro de Minería ha reconocido que esta exportación de desperdicios se ha originado en un contrabando de países vecinos, evadiendo el pago de regalías e impuestos.
Las exportaciones mineras en 2013 han seguido la misma trayectoria declinante de 2012, así lo evidencia la estadística del primer semestre de 2013 que, seguramente, se verá corroborada por las cifras de los últimos dos trimestres, que por ahora tienen un considerable retraso en su difusión.
La caída de las exportaciones mineras contrasta con el desempeño del resto de la economía que, en general, ha mantenido una tendencia positiva, particularmente de las exportaciones de gas y productos agropecuarios, que siguieron creciendo.
La minería privada, cooperativa y estatal alentó muchas esperanzas en la aprobación de la nueva Ley de Minería, cosa que no ha ocurrido en 2013, a pesar de un arduo y prolongado esfuerzo de concertación.
Extrañamente, el Gobierno ha desahuciado el proyecto de ley que fuera consensuado con los sectores productivos, pero no sólo eso: en semanas recientes ha sorprendido con la presentación de una versión muy diferente del contenido de dicho proyecto, lo que provocó el rechazo y la protesta de los sectores, incluso de la organización de cooperativas mineras.
Se suma a ello la decisión de las autoridades de Gobierno de cercenar el capítulo tributario del proyecto de Ley de Minería (se dice que la cuestión tributaria será objeto de otra disposición legal), lo cual deja en el limbo el aspecto más importante y decisivo para las inversiones: el tratamiento impositivo.
De ahí la frustración de los actores mineros, sobre todo de las empresas privadas, que no saben a qué reglas atenerse. Los pocos interesados están en ascuas, sin saber si habrá o no modificación de impuestos y regalías, el trato que se dará a las inversiones extranjeras, la remisión de utilidades, las garantías a la inversión y otros aspectos básicos, que cualquier empresario querrá conocer con claridad y certeza para tomar decisiones de inversión.
Entretanto, lógicamente, la actitud de las empresas mineras es extremamente cautelosa y conservadora: apenas operar con lo existente. Como resultado, nadie arriesga en nuevas inversiones en exploración y desarrollo de proyectos.
De hecho, en los últimos ocho años, no ha habido ningún nuevo descubrimiento minero ni tampoco se ha dado ninguna otra inversión importante que amplíe el stock de proyectos mineros.
Se sabe que algunos mineros asiáticos se han interesado en auscultar posibilidades de invertir en Bolivia, pero apenas se enteran de la pesada carga tributaria y el ambiente de inseguridad, toman pasaje de regreso.
Todo ello explica el estancamiento en que está sumida la minería boliviana, reducida a un puñado de operaciones de mediana envergadura y cada vez más dominada por las pequeñas operaciones informales, además de la creciente amenaza de la minería ilegal.
¿Podrá la minería reactivarse en este 2014 y retomar la senda de crecimiento? La percepción prevaleciente en los círculos empresariales y de expertos mineros es abrumadoramente pesimista.
En primer lugar, no hay señales de revertirse el descenso de los precios; al contrario, es posible que continúe la tendencia de caída y volatilidad de los precios, lo cual complica la ya crítica situación actual, especialmente de la minería estatal, por sus altos costos productivos, lo mismo que en muchas cooperativas por su precaria productividad y condiciones laborales.
Segundo, parece muy improbable que el entorno adverso de inseguridad jurídica, incertidumbre en la política minera, indefinición en materia de impuestos, etcétera, pueda cambiar en un sentido positivo.
La reactivación minera presupone un cambio sustancial del entorno político, social e institucional, algo muy difícil de darse en el corto plazo, tanto más considerando que es un año electoral que condicionará las decisiones gubernamentales a cálculos electorales.
Todo apunta a que el escenario de incertidumbre y adversidades habrá de prolongarse, redundado desfavorablemente en las perspectivas de la minería boliviana.
Henry Oporto es sociólogo
Tomado de paginasiete.bo
