WILLIAM HERRERA
Mientras en 2006 el Gobierno intervenía por la fuerza las empresas extranjeras petroleras y las ‘nacionalizaba’, ahora busca premiarlas con incentivos económicos para avanzar en la exploración hidrocarburifera estatal y privada. En efecto, con el objetivo de impulsar la economía boliviana, el Gobierno definió una inversión en exploración e industrialización del gas y petróleo con un plan de $us. 30.000 millones, que se ejecutará en la última década, entre 2015 y 2025, lo cual constituirá un récord para el país.
Aunque los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), consideran que Bolivia seguirá creciendo, con una expansión de su Producto Interno Bruto (PIB) entre el 5,5 y un 5,7%, la caída de los precios internacionales de nuestra producción energética y la crisis de China, ha terminado la conducción de la economía boliviana con piloto automático.
Llama la atención, en este sentido, el hecho de que tenían que caer en picada los precios internacionales de nuestras materias primas para que el Gobierno busque promover la inversión nacional y extranjera. Todas estas propuestas tenían que haberse previsto, planificado y ejecutado en pleno auge de los precios. No obstante, nunca es tarde para tratar de contrarrestar los efectos económicos de la caída de los precios internacionales de nuestras materias primas.
Sin embargo, la Constitución boliviana ha puesto algunos candados a la inversión extranjera, pues los artículos 366 y 378 establecen que los capitales externos no podrán invocar situación excepcional alguna de arbitraje internacional, tratándose de la cadena productiva hidrocarburífera, ni la energética podrá estar sujeta exclusivamente a intereses privados ni podrá concesionarse.
Estas limitaciones previstas en la Constitución, contradicen los principios y fundamentos que propugna un vigoroso reconocimiento a las relaciones y a los tratados internacionales. Obviamente que estas limitaciones serán uno de los temas más álgidos a concertar en el proceso de renegociación de los tratados de inversión extranjera, y pueden obstaculizar la suscripción de nuevos tratados de inversiones en hidrocarburos y energías.
No obstante, el Estado ha sancionado la Ley Nº 516, de 4 de abril de 2014, que establece el marco jurídico e institucional para la promoción de las inversiones a fin de contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social de Bolivia. También ha promulgado la Ley Nº 708, de 25 de junio de 2015 (Ley de Conciliación y Arbitraje), que busca completar la normativa específica para promover la inversión nacional e internacional.
A todo esto hay que agregar que aunque la Constitución limita el ingreso de capitales extranjeros, ahora el Gobierno parece consciente de que tiene no solo que abrir la economía para que siga expandiéndose, sino también promover en serio las inversiones para sostener el crecimiento económico. Lo evidente es que sin inversión no puede haber crecimiento ni desarrollo económico, menos lucha efectiva contra la pobreza, uno de los grandes objetivos nacionales.
El mensaje de la CEPAL es contundente en el sentido de que el principal desafío que hoy enfrentan los países de la región para acelerar el crecimiento económico es aumentar las tasas de inversión pública y privada. El Gobierno boliviano, en efecto, tiene que ofrecer las condiciones necesarias no solo ofreciendo incentivos y liberaciones impositivas al capital privado, sino fundamentalmente tiene que garantizar seguridad jurídica al inversionista, que deberá traducirse en un tratado de inversión, que establezca como mínimo, el régimen impositivo, incluyendo los incentivos a pactarse, el reconocimiento del tribunal arbitral internacional y la sede del arbitraje, etc.
El Órgano Judicial, igualmente, tiene que fortalecerse porque en definitiva es el encargado de brindar la ansiada seguridad jurídica y ciudadana. Mientras se tenga un sistema judicial colapsado, corroído y desacreditado, etc. no puede garantizarse la inversión privada nacional ni internacional, ni la seguridad jurídica, ni la seguridad ciudadana
Tomado de eldeber.com.bo
