CARLOS BALL
Hay sólo dos sistemas de intercambio de bienes y servicios: libre mercado o reglamentación gubernamental. En el mercado, la libre oferta y demanda establecen los precios y las cantidades. Bajo el sistema socialista, son los gobiernos y sus burócratas quienes fijan los precios y por lo tanto, las cantidades. A los políticos les gusta regalar lo que no es suyo y luego se asombran cuando la demanda por regalías se hace infinita, lo cual pronto se transforma en cuotas, colas, escasez y corrupción.
El crecimiento y bienestar de los países dependen fundamentalmente del grado de libertad que goza el ciudadano en sus decisiones cotidianas. A mayor intervención oficial, mientras más decisiones toman los burócratas, mayor será la ineficiencia de la economía, la cual deja de producir los bienes y servicios que la gente quiere, dándosele prioridad al plan político. En esto poco influye la buena o mala intención del mandatario. El funcionario encargado del agua o de la electricidad o del transporte público o de la educación no tiene manera de conocer los deseos y requerimientos de millones de individuos con planes familiares diferentes. Recordemos también que los incentivos del funcionario son totalmente diferentes. Las prioridades del burócrata son ganarse el apoyo de los activistas, inflar el problema para lograr mayor presupuesto y asegurar la reelección de su padrino político, cueste lo que cueste.
Los incentivos en el sector privado son otros. Para progresar hay que aumentar las ventas y las utilidades y ello se logra sólo ofreciendo mejor precio y mejor calidad que la competencia. Pero todo ello también depende del grado de libertad que haya en el mercado. Si hay poca libertad, al empresario le resulta más rentable dedicar la mayor parte de sus esfuerzos en cultivar a sus amigos políticos para obtener subsidios o para que impidan el ingreso de competidores. Así se le da la espalda al mercado para hundirse en el mercantilismo, sistema intermedio que predomina en América Latina. Entonces sufrimos de altos aranceles para "proteger la industria nacional", altos precios, poca variedad y mala calidad.
Basta que el gobierno interfiera en el mercado, reduciendo la libertad individual, para que haya ineficiencia y aumenten los costos, aunque esto último a menudo se esconda financiándolos a través de impuestos, en vez de por el pago directo que el consumidor desembolsa.
Los burócratas siempre tendrán estupendas excusas para tratar de esconder su propia ineficiencia. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted a un empresario quejarse alguna vez de exceso de clientela? Claro que no. Pero siempre resulta que hay demasiados estudiantes en las escuelas públicas, demasiados viajeros en los aeropuertos, demasiados autos en las autopistas, demasiada gente regando su grama. El problema es que en las escuelas, los aeropuertos, carreteras y acueductos no se permite que el mercado funcione, por lo que siempre habrá excesiva capacidad instalada e insuficiencia de usuarios o -el caso más probable- insuficiente oferta y mala calidad del servicio.
Lo más triste es que los políticos y funcionarios utilizan la fuerza del gobierno para cerrarle las puertas a la libre iniciativa justo en aquellos servicios que consideran imprescindibles, como la educación. Imaginemos por un instante cómo habría avanzado la educación primaria y secundaria de no haber sido durante todo el siglo XX un coto cerrado a la iniciativa privada, donde a genios que han revolucionado otros campos, como la computación y las comunicaciones, jamás se les permitió entrar a competir, ya que es imposible competir en algo que se anuncia como gratuito.
Así vemos que las escuelas del gobierno son hoy mucho peores de lo que eran cuando yo estaba en cuarto grado. A la escuela se iba a aprender, no a entretenerse. A los maestros se les respetaba y había una estricta disciplina en cuanto al comportamiento y la apariencia física de los muchachos. Los malandrines se tenían que vestir de gente para ir a clases. ¿Drogas, armas? Yo estuve en un internado que expulsaba a quienes fumaban cigarrillos. El fracaso de la educación pública es una de las peores tragedias sufridas por las últimas generaciones. Claro que los socialistas no lo ven así; ellos han utilizado esas escuelas para inculcarle a la juventud un inmerecido respeto hacia el estado y absoluto desprecio hacia el lucro.
En California, los activistas verdes aliados con funcionarios del gobierno estatal han impedido que se construyan plantas eléctricas en los últimos diez años, mientras la población y la economía crecían como nunca antes. Ahora, los apagones resultan ser la culpa de las empresas privadas de electricidad y la solución política es nacionalizar el cableado de alta tensión.
Aquí en Florida, los comisarios del agua multan a los consumidores y se preocupan más por la falta de agua en los pantanos que para regar los campos de golf. Yo no juego golf, pero le tengo más simpatía a mi vecino que a las culebras y a los caimanes. Por su parte, empresarios privados se recuestan del gobierno, pidiendo descaradamente dinero de los impuestos para financiar sus estadios.
Carlos Ball es Periodista venezolano, director de la agencia de prensa AIPE (www.aipenet.com) y académico asociado del Cato Institute.
Tomado de elcato.org
