VÍCTOR GUTIÉRREZ
El Gobierno a título de lucha contra la corrupción pretende aprobar una ley a todas luces violatoria del ordenamiento legal vigente, de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Dicha ley ha sido denominada de manera eufemística como “Ley de Extinción de Bienes a Favor del Estado”, cuando en esencia la ley proyectada no es más que una ley de carácter confiscatorio dado que a sola denuncia y en forma casi simultánea los bienes del “denunciado” en cuestión, pasarán a dominio del Estado, otorgándosele al denunciado nada menos que el plazo de cinco días para que demuestre el origen lícito de sus bienes. Y por si fuera poco establece supuestos mecanismos de impugnación ante la misma autoridad que dispuso la confiscación de sus bienes.
El proyecto de ley no solo que presume la culpabilidad del encausado, sino que la tramitación de todos los recursos que se establecen al respecto se concentra en la misma autoridad que ordenó la confiscación, razones suficientes para mostrar que no existe un órgano independiente que se ocupe de la tramitación de estas causas, sino que todas las facultades inherentes a la tramitación de un proceso se concentran en un solo órgano, lo que equivale decir que estamos ante la suma del poder público, y que al ser así, no sólo que se pone a merced al conjunto de la población boliviana respecto de una ley violatoria de derechos y garantías constitucionales, sino que la vigencia de esta ley y los mecanismos procesales que pretenden establecerse al respecto se constituyen en un claro desconocimiento al estado de derecho, con lo que a diario y por la vía supuestamente legal, lo que se hace es construir todo un sistema a la medida del régimen, nada menos que en nombre de la democracia, una democracia que a estas alturas solo existe en forma lírica y declarativa. En la práctica y a la luz de hechos como los que comentamos en el presente artículo, lo que en verdad está vigente en el país es el desconocimiento al régimen democrático y nada menos que a treinta años de haberse reconquistado el sistema democrático como tal.
Con proyectos de ley lesivos al estado de derecho, otra vez el Gobierno quiere establecer un rasero en la miseria y la pobreza, cuando debería estar apostando a la generación de riqueza en Bolivia. De ahí que es justo que nos opongamos a proyectos de ley como el que comentamos.
Tomado de opinion.com.bo
