JAIME APARICIO
Bajo la presunción de que el poder cambia a las personas y puede desatar codicia y arbitrariedades, los pensadores de la democracia, a través de la historia, desarrollaron reglas para limitar el poder de los gobernantes. En un pacto social democrático, los ciudadanos ceden cierto poder a favor de un gobierno, por un tiempo limitado, para que éste les garantice seguridad y libertad y busque el bienestar general. El instrumento para que ese pacto se cumpla es el equilibrio entre poderes públicos que se controlan y limitan unos a otros.
En el caso de nuestra región, y de Bolivia en particular, las normas que definen y controlan el sistema democrático no sólo están en nuestras constituciones, sino también en tratados, resoluciones, declaraciones y otros acuerdos regionales. Los tratados internacionales firmados por Bolivia son obligaciones que se imponen por encima de nuestra propia Constitución. Por tanto, exigir que las reglas de la democracia se apliquen en un país es obligación de los países y de los ciudadanos. La democracia no es una concesión de ningún gobierno, es una obligación legal y es un derecho humano fundamental, y está sujeta a normas que definen los elementos esenciales de un Estado de derecho.
Esas reglas, además de elecciones libres y transparentes, incluyen la independencia de los poderes Judicial y Legislativo, libertad de expresión, acceso a la información pública, seguridad jurídica, derechos humanos y alternancia en el poder.
En el caso de Bolivia, a partir de la reelección inconstitucional del presidente Morales, no existen poderes independientes del Ejecutivo. Como consecuencia, el Gobierno viola impunemente los derechos de los ciudadanos y aniquila las instituciones democráticas, convirtiéndolas en instrumentos para su perpetuación en el poder
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Las detenciones arbitrarias, la corrupción, las persecuciones a periodistas y opositores demuestran que hemos dejado de ser una democracia real, para convertirnos en una autocracia populista con fachada democrática.
Peor aun, en los últimos meses y a raíz de denuncias de enormes casos de corrupción que involucran a gran parte del Gobierno, la defensa de los operadores del poder ha sido similar a la de una banda criminal que ha sido descubierta in fraganti. Una guerra de persecuciones, amenazas, mentiras, maniobras judiciales y propaganda contra los ciudadanos ha intentado cubrir los mayores casos de corrupción de la historia del país, una historia no exenta de rapiñas.
Por eso, en este punto extremo de insolvencia institucional y moral del Gobierno, ha llegado el momento de que los bolivianos dejemos de mirar a un lado y comprendamos que la actual descomposición ética del país acabará por afectar a todos y no sólo a los opositores. Los bolivianos honestos están en la obligación de manifestar el desprecio moral e intelectual hacia las vulgaridades de este Gobierno y no pueden callar ante la espantosa realidad cotidiana de corrupción, despilfarro, arbitrariedad y podredumbre del sistema judicial.
Si permitimos que la manipulación de la justicia continúe, muy pronto el país quedará enteramente en manos del crimen organizado. Ya sucedió con varias dictaduras militares del pasado y sabemos el costo que varias generaciones de bolivianos tuvieron que pagar.
Hoy estamos frente a una escabrosa realidad escondida bajo la propaganda de que vivimos en una aparente bonanza capitalista de mal gusto.
La realidad es que perdimos la democracia y el sistema político está carcomido por una corrupción que dilapidó los más grandes ingresos que tuvo el país en su historia. Muy pronto, de ese ciclo de enormes ingresos, sólo sentiremos el miasma del lumpen de la delincuencia que controla el poder. Ruinas de proyectos corruptos, canchas de fútbol abandonadas, nuevos ricos y el avión presidencial serán el único testimonio de la prosperidad perdida.
Ya no hay dudas de que la realidad y la corrupción del populismo latinoamericano ha acabado con el dogma binario de izquierda y derecha. Hay sólo buenos y malos gobiernos, honestos y corruptos; los que se preocupan por el bienestar general y los que se ocupan de su propio bienestar y de su tribu familiar y política.
Jaime Aparicio es abogado.
Tomado de eldia.com.bo
