CARLOS HERRERA
Ya no hay duda alguna. En el último informe económico de la Fundación Milenio sobre la actividad económica del 2011, está claro que la productividad de varios sectores claves de la economía nacional ha decrecido en relación a los años pasados, si bien los ingresos generales han sido mayores en razón del aumento de precios de los energéticos y de los alimentos en la economía mundial. ¿Que ha pasado entonces? ¿No era que íbamos a ser la Suiza de Latinoamérica en unos años? ¿Para qué ha servido la nueva legislación constitucional, habida cuenta que se nos dijo que con ella se resolvían los problemas de la pobreza, la distribución de la riqueza y la productividad nacional?
La verdad es que todo ese discurso radical no era mas que un cuento demagógico que liquidó el clima de confianza y seguridad para el trabajo productivo y la inversión que los anteriores gobiernos habían labrado para el país, con gran esfuerzo político, además. Un engaño altamente destructivo, porque si no aumenta la producción de bienes y servicios ninguna la nación mejora sus condiciones de vida. Tan simple como eso.
Ahora bien, para entender la complejidad del problema de la pobreza hace falta entender también un par de asuntos. Una cosa son los ingresos del Estado y otra los ingresos nacionales. Con la expropiación de las petroleras es cierto que han aumentado los ingresos del Estado, pero no los nacionales. ¿Como es esto? Pues que si bien la expropiación ha permitido que el Estado aumente significativamente sus ingresos (ya no se entregan las ganancias a las empresas extranjeras, todo se lo queda la burocracia política nacional, no los bolivianos, como se afirma mentirosamente) la consecuencia directa ha sido un bajón de las inversiones necesarias para mantener el ritmo de crecimiento necesario, lo que ha impedido que el negocio crezca, es decir, que nuestras ventas de hidrocarburos al exterior aumenten y con ello también el rédito económico para la nación.
El estancamiento en la producción, si hablamos en términos energéticos, supone más bien un retroceso peligroso, porque quiere decir que se explotan los reservorios actuales sin que se encuentren otros que los suplan cuando estos se agoten.
O sea que el Estado sí ha doblado su recaudación, pero al precio de que la nación no aumente su producción, poniendo en peligro la estabilidad y el futuro de la economía que esta actividad productiva ha creado.
Aquí radica el engaño al país, en ocultarle a la gente que la inversión para el desarrollo del sector (gracias a los manotazos expropiadores, la nueva ley de hidrocarburos y las burradas en la Constitución) ha parado en seco, así que lo que hoy recibimos será lo mismo que en el futuro (hipotéticamente) ya que nosotros no tenemos la capacidad financiera como para realizar las enormes inversiones que se requieren para aumentar la producción gasífera.
Todo lo cual supone que en unos años podemos enfrentar una catástrofe económica de envergadura (habida cuenta del nuevo rol de empleador que tiene hoy el Estado nacional) cuando Brasil diga que ya no quiere pagar sino la mitad del precio actual, en razón de que el precio mundial del gas va a la baja porque las reservas han aumentado exponencialmente.
En síntesis, no habrá un incremento en los ingresos petroleros porque la producción se ha estancado definitivamente. Así que el Estado ganó en lo inmediato (burocracia gubernamental, prefecturas, municipios y universidades mejoraron en algo sus presupuestos) pero la nación (contratistas, transportistas, empresas de servicios, proveedores de insumos) es decir, ese universo de gente que trabaja y prospera en torno al sector energético generando empleos productivos y estables no ganó, sino que perdió, porque su futuro es incierto.
Con el trabajo agrícola pasa otro tanto, porque aunque en el pasado se dotó de tierras a un montón de vivos que sólo las utilizaron para especular comercialmente, hoy hay miles de buenos empresarios que han invertido y trabajado con esfuerzo y honradez sus propiedades -al punto que Bolivia produce casi todo lo que requiere para alimentarse- y que ven su derecho propietario puesto en ascuas, gracias a una ley agraria y a un reglamento saturados de ideas populistas que han fortalecido los criterios de reversión en detrimento del derecho de propiedad, ignorando que hoy, en el mundo moderno, se tiende más bien al perfeccionamiento y consolidación de los derechos de propiedad, porque se los entiende como la piedra angular del sistema productivo.
No hay que ser muy listo entonces para entender que si los productores no tienen sobre sus tierras un derecho pleno (tal y como lo tienen los ciudadanos sobre sus casas o bienes) el estímulo para la inversión desaparece, lo que puede muy bien incidir a mediano plazo (Venezuela es el mejor ejemplo de este absurdo) ya no en el volumen de las exportaciones de productos agrícolas, sino inclusive en el propio volumen para el consumo nacional; algo que es muy grave, porque el primer gran paso que da una nación hacia el desarrollo consiste en asegurarse gran parte de su propio alimento, para ahorrar divisas y para consolidad el empleo rural, dos cosas de infinita importancia política y económica.
Con la minería el asunto es parecido, hay un Decreto Supremo que ha declarado reserva fiscal minera a todo el territorio nacional, lo que puso en vilo los derechos de concesión otorgados por el Estado en el pasado y alentó las tomas y las reversiones conseguidas mediante la presión y el chantaje del bloqueo de caminos, un arma muy usada en nuestro país por las corporaciones que hoy mandan en la política. Todo eso ha paralizado la inversión privada y debilitado la producción nacional. Esto sin olvidar que el cooperativismo minero goza de privilegios tributarios que dejarían estupefacto a cualquier ciudadano del mundo desarrollado.
Es importante entonces que la gente vea claramente que las constituciones y leyes que aumentan la discrecionalidad con la que el Estado puede actuar sobre los derechos de propiedad y las libertades, sólo apuntan a fortalecer el poder político de los gobernantes de turno, no a fortalecer la economía nacional, es decir, no a que la inversión privada –que es el músculo productivo más poderoso en el mundo- haga lo que hace en todo el mundo, generar riqueza y asegurar el empleo para millones de personas.
Una cosa entonces son los intereses del Estado y otra los de la nación. Y no siempre son los mismos. Hay que tener cuidado por eso con aquellas ideas que piensan más en los intereses del Estado que en los de la propia nación, porque la lógica del fortalecimiento del Estado generalmente se traduce en expoliación de la propiedad privada para beneficio de los políticos y las corporaciones informales más agerridas, pero no ha traído nunca nada bueno a ningún país sobre la tierra.
Abogado
