IVÁN ARIAS
¿Usted cree el gobierno quiere construir el Pacto Fiscal (PF)? Si tuviésemos un gobierno autocrítico, seguro que el PF se convertiría en el espacio para juntos, en esta época de crisis, sentarnos a mirar el futuro sin complejos y con espíritu constructivo. Y es que el PF no es sólo hablar de la plata. Todo PF empieza con construir una visión compartida del futuro en función del bien común. Es decir, se discute y acuerda cómo y dónde queremos que esté Bolivia dentro de 40 años en el marco de las tendencias mundiales referentes a lo económico, ambiental, social, tecnológico y político. Esto obliga a contar con información actualizada y, en función del bien común, definir la visión de país que queremos forjar y que, sea cual fuera el gobierno que entre a Palacio, deberá respetar esa visión y avanzar en pos de su logro.
JAIME RODRIGO
Está en mesa un propuesta de reforma del principal instrumento normativo en materia tributaria propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que propone flexibilizar el cálculo de la deuda tributaria, cuya pluralidad de componentes ha tensionado enormemente la relación entre fisco y contribuyentes.
IAN VÁSQUEZ
La semana pasada le tocó a Baltimore ser la más reciente ciudad estadounidense que irrumpiera en protestas pacíficas y disturbios sociales a raíz de la muerte de un ciudadano afroamericano en manos de la policía. El año pasado ocurrió en Ferguson, un suburbio de San Luis, Misuri. Otros casos que han causado escándalo nacional incluyen el de un hombre en Nueva York que murió asfixiado cuando lo agarraron unos policías por vender cigarrillos ilegalmente en la calle, y la muerte a balazos el mes pasado de un ciudadano en Carolina del Sur que no representaba una amenaza al policía ni a otras personas.
El pueblo estadounidense está viendo, literalmente, algo que una minoría de su país ha conocido y vivido por décadas: la mala conducta de la policía que se ha institucionalizado en las zonas pobres de muchas ciudades, afectando especialmente a la comunidad afroamericana. Ahora sabemos de muchos casos porque están siendo filmados por ciudadanos. Las cámaras de los teléfonos celulares están haciendo la diferencia. Se está volviendo más difícil para los departamentos de policía negar e ignorar las acusaciones serias en su contra.
En el caso de Baltimore, Freddie Gray fue arrestado por correr en un barrio pobre y, según la policía, portar un cuchillo. En el video de su arresto, parece que ya está herido y sufriendo dolor. Fracturas en la columna vertebral, padecidas cuando fue transportado en la camioneta policial, causaron su muerte. El viernes, la fiscal de Maryland presentó cargos de homicidio en contra de los policías que lo arrestaron y declaró que Gray no cometió un delito.
La respuesta oficial es bienvenida. Pero no es típica, ni en su rapidez, ni en su severidad. La brutalidad policial, lamentablemente, no es un hecho aislado. El periódico Baltimore Sun documentó que, a causa de acuerdos o veredictos legales, el departamento policial de la ciudad ha pagado US$5,7 millones entre el 2011 y 2014 a víctimas de abuso policial. En varios de esos casos, los policías no han sido sancionados por su departamento; y es muy poco común que aquellos sancionados pierdan el trabajo. Tal impunidad existe en otras partes del país. En el condado de Los Ángeles, por ejemplo, la policía ha disparado a muerte a cientos de personas sin que se procese a un solo policía desde el 2001.
IAN VÁSQUEZ
La necesidad de reconocer legalmente la propiedad de los pobres y marginados del mundo es aceptada por la mayoría de economistas y expertos en desarrollo. La propiedad privada es la esencia de cualquier economía moderna, y la titulación empodera al propietario, dándole dominio sobre lo suyo y la capacidad de ser más productivo dentro de la economía formal.
A pesar del consenso al respecto, las tierras y las propiedades de miles de millones de personas en el mundo en desarrollo siguen estando en la informalidad. A diferencia de la mayoría de los países pobres, el Perú ha titulado millones de lotes en zonas urbanas y rurales. Aun así, la falta de titulación sigue afectando a millones de peruanos.
Tal como explican Peter Schaefer y Clay Schaefer, en un estudio nuevo del Instituto Cato (en inglés), una razón por la que ha habido tan poco avance en formalizar terrenos alrededor del mundo es porque poderosos intereses lo bloquean a favor del statu quo. Los gobiernos y las agencias de ayuda externa han gastado miles de millones de dólares en proyectos de formalización que han sido manipulados por las élites y que han producido magros resultados.
Los autores proponen una solución innovadora a ese problema: que individuos en comunidades pobres puedan usar un aparato GPS de mano, que es barato y sencillo de manejar, para mapear sus terrenos y documentarlos en un registro informal de la comunidad que luego sea publicado en Internet. Como es bien sabido, la propiedad de cada quien es típicamente reconocida dentro de una comunidad, por lo que las potenciales disputas limítrofes no serían un mayor problema y los incentivos a resolverlas serían altos.
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