JUAN RAMÓN RALLO
Tras los éxitos del Plan E, la izquierda patria –ayer el PSOE, hoy IU– no ceja en su empeño de promover políticas expansivas de la demanda.
GABRIELA CALDERÓN
El 1 de mayo se celebró en varios países del mundo “El día del trabajo” y las llamadas “conquistas sociales” de las que gozan los trabajadores gracias a la intervención del Estado en el mercado laboral. Implicado en esto esta la popular idea de que cuando no interviene el Estado todo empresario procede a explotar vilmente a sus trabajadores, y que hacerlo le resulta rentable a largo plazo.
La narrativa predominante nos habla de la explotación de trabajadores que se dio durante la Revolución Industrial, que se inició en Inglaterra a fines del siglo dieciocho y principios del siglo diecinueve. Tanto economistas como filósofos, clérigos, conservadores y revolucionarios coincidían en su odio hacia las fábricas y en la creencia de que los cambios económicos habían degradado el trabajo.1
Sin embargo, los datos cuentan una historia de un progreso sin precedentes. El historiador inglés T.S. Ashton documentó el impresionante aumento de la calidad de vida del inglés promedio durante el periodo más intenso de la industrialización en ese país (1790-1830). La población aumentó considerablemente debido a la reducción de la tasa de mortalidad. Y este aumento de la población no ocasionó una depresión de los salarios como lo predecía la teoría de Malthus sino que todos los datos reunidos por Ashton de la época indican que la renta per cápita crecía a una tasa que superaba el crecimiento de la población.2 Además las innovaciones tecnológicas con miras a la producción para consumo masivo, algo inexistente antes de la Revolución Industrial, hicieron posible la caída de los precios de productos que antes eran considerados de lujo y reservados para una élite de la población.
CARLOS HERRERA
(XIV fragmento del libro inédito "Apuntes sobre la Sociedad Abierta")
Una organización política como la Democracia requiere, para su administración, de una burocracia altamente capacitada y también de mucho dinero. El abanico de gastos en un régimen democrático es vasto y variado. Desde el salario a la propia burocracia gubernamental, como a todo el séquito de empleados del propio Estado. Sueldos de los miembros de los tres poderes parlamentarios (empleados públicos, policías, militares, médicos, enfermeras y maestros) que son los que hacen posible no sólo el trabajo del gobierno, sino el del propio Estado nacional. A esto se suma, como otro gasto importante, el servicio de la deuda externa e interna. Es decir, pagos a los financiadores externos así como a la banca privada nacional, por los préstamos que hacen a los gobiernos.
Una verdadera Democracia no es otra cosa entonces que una inmensa red institucional con fines de servicio social. Tiene así no sólo propósitos políticos, sino también de servicio y organización, para lo cual precisa de unas arcas estatales bien dotadas, también porque los Estados tienen tareas que no siempre pueden ser asumidas por los privados, debido al elevado costo de aquellas (caminos y todo lo que traduzca un apoyo al trabajo productivo nacional).
Después de la experiencia del neoliberalismo, a quien se le cuestiona la idea del protagonismo marginal del Estado en la vida económica, no se puede negar que el mismo es un actor importantísimo del desarrollo, si bien como regulador más que como agente productor. Pero un Estado sin dinero, sin importar lo bueno o democrático que sea, es como un tenista sin brazos, no podrá nunca jugar un partido de tenis.
Un Estado sin dinero no puede hacer caminos, electrificar las zonas más pobres, dar salud, atender el tan importante asunto de la educación, dar seguridad a las personas, obligar al cumplimiento de lo firmado por los actores económicos, proteger la propiedad de la gente, y, en fin, no puede jugar el rol que la modernidad le depara, porque tales servicios sólo pueden materializarse mediante una vasta red de instituciones que hagan posible tal cosa, y eso tiene un costo enorme.
OSCAR ORTIZ
Desde mediados de la década pasada, Bolivia y otros países latinoamericanos han experimentado años de grandes y extraordinarios ingresos generados por las excelentes condiciones que nos ofreció la economía internacional gracias al incremento de los precios de las materias primas, hidrocarburos, minerales y alimentos. La tendencia parece revertirse y numerosos expertos advierten que el ciclo positivo está cambiando y que se deben tomar previsiones para evitar caer nuevamente en crisis económicas y sociales.
En el caso de Bolivia, existen además problemas originados en la concentración del incremento de exportaciones en gas natural y minerales, con pocos aumentos en la producción, la casi desaparición de nuevas inversiones y la consecuente dependencia del aumento de los precios internacionales como principal factor de los mayores ingresos percibidos en los últimos diez años.
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