JUAN L. CARIAGA
Los bancos cometen el error de pensar que tan sólo son organizaciones privadas dedicadas a la actividad financiera, olvidándose que también son instituciones de servicio público, debido a que administran los recursos de las personas naturales y jurídicas para efectuar la llamada intermediación financiera entre los ahorristas y los usuarios del crédito.
Por lo tanto, estas instituciones deben ser fundamentalmente (repito, fundamentalmente) reguladas por un ente regulador y fiscalizador para evitar que se produzcan actos anticompetitivos y otros abusos en desmedro de los usuarios y del propio Estado. Es por esta razón que durante mi gestión como ministro de Finanzas se restituyó la Superintendencia de Bancos, con el propósito de evitar que los bancos e instituciones financieras de Bolivia alteren la transparencia del mercado bancario, luego de que el DS 21060 permitió que la oferta y demanda determine la tasa de interés.
AXEL KAISER
El Estado —observó Frédéric Bastiat— es esa gran ficción en virtud de la cual todo el mundo intenta vivir a expensas de todos los demás. Probablemente no existe una teoría que confirme mejor esta definición que la de los "derechos sociales". Cada vez que un grupo determinado pretende extraer un beneficio material de los demás miembros de la comunidad, lo hace escudado en el manto de moralidad que ofrece esta popular doctrina de los derechos.
Un análisis exento de emotividad, sin embargo, permite advertir que la moralidad de estos supuestos derechos se sustenta en una serie de confusiones. De partida, "la sociedad" no es más que una abstracción, y las abstracciones, a diferencia de los individuos, ni pueden ser titulares de derechos, ni por supuesto tampoco sujetos de obligaciones. Un derecho llamado "social", entonces, no es más que una exigencia de beneficios materiales que un grupo determinado de individuos plantea a otro grupo en general indeterminado de individuos sin ofrecer una contraprestación a cambio.
En un mundo sin Estado, la única forma en que un grupo A podría obtener sin causa de un grupo B un beneficio material sería recurriendo directamente al uso de la violencia física. En el mundo en que vivimos, los encargados de ejercer esa violencia son los políticos que controlan el poder coactivo del Estado y que salen electos en la medida en que prometen beneficios bajo el argumento de satisfacer "derechos".
VÍCTOR PAVÓN
El Tratado de Asunción firmado en el año 1991 que originó el Mercosur tenía como propósito la liberación comercial con desgravaciones arancelarias para dar lugar una zona de libre comercio. En la práctica esto no ha ocurrido. Pese a todos estos años, el Mercosur es una unión aduanera.
En el presente el bloque está estancado sin visos de mejoras, hundido en el lodazal de una costosa burocracia. Es una suma de rimbombantes declaraciones y de onerosas cumbres de mandatarios. Solo sirve, como sucedió en junio del año pasado, para castigar arbitrariamente con suspensiones a países como Paraguay y autorizar el ingreso ilegal de Venezuela.
En los hechos, el Mercosur está supeditado a los fuertes intereses de la coyuntura política y económica del Brasil y de la Argentina. Los presupuestos deficitarios, el desorden monetario y fiscal, hicieron que los ingresos tributarios sean insuficientes para cubrir el gasto público. Sobrevino el estatismo económico, un modelo de proteccionismo comercial, abuso de la burocracia, con subsidios y trabas arancelarias.
Paraguay es el más perjudicado en el bloque, por cuanto nuestra industria ni tan siquiera un jabón puede colocar con facilidades en los supermercados de la fronteriza ciudad brasileña de Foz de Iguazú.
HENRY OPORTO
La próxima realización del II Encuentro Bolivia-País Minero, con el tema “Hacia la nueva Ley Minera”, organizado por el Colegio de Geólogos y el Foro Minero, es la oportunidad de abrir un debate público sobre una cuestión crucial para la minería boliviana: Gobierno, gremios y especialistas del sector están convocados a reflexionar sobre la política minera nacional y la nueva ley sectorial, que reemplazará al vigente Código Minero. El país requiere conocer las visiones y propuestas que existen sobre estos temas relevantes.
Por varios meses, el Ministerio de Minería y los gremios del sector trabajan en una comisión redactora del proyecto de ley, procurando consensuar sus contenidos; un esfuerzo sin duda meritorio y que puede marcar diferencia con respecto a la forma en que otras leyes económicas han sido aprobadas, sin concertación con los sectores concernidos. La inestabilidad de precios de los minerales, con tendencia a la baja en los últimos meses, aumenta las preocupaciones en Bolivia por el impacto que se siente de reducción de las inversiones en proyectos mineros, caída de las exportaciones, menores recaudaciones impositivas y menos contribución del sector minero al producto nacional.
Los temores se extienden a la delicada situación de Huanuni y otras empresas mineras estatales. Las propias autoridades de Gobierno han encendido las alarmas, revelando datos que muestran elevados costos productivos, baja productividad, falta de inversiones, agotamiento de reservas y otros problemas gerenciales y de gestión, que ponen en entredicho los beneficios de la nacionalización y que, además, generan inquietud por el futuro de las empresas de Comibol.
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