Políticas públicas

JUAN CARLOS URENDA

La Constitución se cuida de que los ingresos y gastos de los gobiernos departamentales, municipales, indígenas y regionales, denominados estos conjuntamente como entidades territoriales autónomas (“ETA”), estén controlados y dirigidos por el nivel central del Estado y eso no es autonomía ni mucho menos. Anoto los artículos correspondientes para los incrédulos.

Para empezar, la política fiscal es una competencia exclusiva del nivel central (298), es decir que las ETA no tienen nada que hacer al respecto. La Constitución no le dedica una sección específica a este tema, por lo que hay que escudriñar la verdadera intención de ella a lo largo de su texto. Fija de manera precisa los ingresos y los gastos de las ETA quedando estas prácticamente sin margen de definición autónoma en los aspectos fiscales financieros que les competen.

ALFREDO BULLARD 

“Anuncian limpieza radical de los policías corruptos”. Con ese titular de portada este Diario recogió el jueves pasado declaraciones del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza. Como en principio debería buscarse una interpretación que haga creíble lo que dice un ministro, voy a pensar que se refiere a darle un buen baño a buena parte de nuestra fuerza policial, debiéndose además mandar sus uniformes y demás vestimentas a la lavandería. Me imagino que con “radical” se refiere al hecho de refregarlos con lejía y, con fuerza e insistencia, cepillarlos hasta detrás de las orejas, para luego dejar remojando su ropa por una larga semana.

Porque si lo que quiso anunciar es que se van a sacar a los corruptos de la institución, sinceramente no le creo nada. En primer lugar porque se ha anunciado tantas veces, que o se toma con humor o se toma con indignación (porque como declaración seria no se puede tomar). En segundo lugar, porque es una promesa de imposible cumplimiento. Si sacara a los corruptos (y con el perdón de esos pocos buenos elementos honestos que merecen doble felicitación por serlo y por serlo además en una atmósfera tan deshonesta), ¿quién se dedicaría a custodiar las calles y dirigir el tránsito?

Afirmaciones “higiénicas” en instituciones como el Congreso o el Poder Judicial generarán la misma suspicacia y desconfianza. Y es que si vemos la corrupción como algo que hay que limpiar, no encontraremos una solución.

EDUARDO BOWLES)

Con la nueva justicia boliviana parece estar ocurriendo lo mismo que le pasó al creador de Frankenstein, un monstruo que terminó matando a su propio inventor. Ya son insistentes las quejas de los propios administradores de justicia, comenzando por el presidente del Tribunal Suprema de Justicia, Jorge von Borries, quien no deja de mencionar que las cosas han empeorado. Durante la polémica entrevista con el conductor de CNN, Ismael Cala, el presidente Morales dijo que tienen grandes diferencias con la justicia nacional a la que acusó de beneficiar a los narcotraficantes.

JUAN CARLOS URENDA  

En Bolivia no existe autonomía. Le explico por qué. El Gobierno central es programáticamente centralista (como los anteriores) y para que haya autonomía se necesita que este se desprenda de tareas y de recursos, lo que no ha ocurrido hasta ahora. A excepción de los hospitales de tercer nivel transferidos (sin recursos) a algunas gobernaciones, no se ha transferido ni un solo boliviano ni ninguna otra tarea o competencia en favor de los gobiernos departamentales o municipales como efecto del proceso autonómico. La descentralización de recursos que hoy existe ya existía antes del proceso autonómico.