ROBERTO CACHANOSKY
La existencia de un gobierno limitado no solo tiene que ver con la eficiencia económica, sino, fundamentalmente, con los derechos individuales. El intervencionismo estatal tiene una dinámica de corrupción, pobreza y abuso del poder que puede mutar en una autocracia feroz.
Por ejemplo, un gobierno no limitado en el uso del monopolio de la fuerza puede extorsionar a dueños de empresas con el simple trámite de no permitirles subir los precios bajo el argumento del control de los mismos, generarles pérdidas y forzarlos a cerrar o vender a algún amigo del poder. En vez de confiscar directamente la empresa, se recurre al simulacro de una política económica progresista con el solo objetivo de ahogar a los accionistas de una empresa para forzarlos a vender. Es más prolijo ante los ojos de la gente, pero el fin es el de apoderarse de los activos más importantes de un país. Crear una nomenklatura que disfruta de la buena vida, pisando con el monopolio de la fuerza a una población indefensa, y sumida en una creciente pobreza.
Algunos colegas economistas están sufriendo en carne propia las presiones del secretario Moreno para que no difundan sus propias estimaciones de precios al consumidor al punto que varios de ellos han sido multados. Para aplicar las mencionadas multas Moreno hace una pirueta argumental fundamentándose en el artículo 9 de la disparatada ley de lealtad comercial. Es decir, recurre a una ley de intervencionismo económico para silenciar a los colegas.
ANDRÉS GÓMEZ
Si el gobierno de Evo Morales decidiera hoy hacer realidad el socialismo en Bolivia, al estilo cubano, sin propiedad ni empresa privadas, con el derecho a la información y los viajes restringidos y sin la libertad de acumular riqueza, los primeros en bloquear para evitar ese régimen serían las bases del MAS, cocaleros, cooperativistas mineros, colonizadores, campesinos y militares (salvo excepciones) porque tienen alma capitalista y neoliberal, aunque su partido dé la impresión de que se mueve hacia el socialismo.
Si ahorita mismo, el Presidente determinara -como cree el periodista español Miguel Ángel Bastenier- reponer la sociedad precolombina y que rija en serio el Ama Llulla (no seas mentiroso), Ama Quella (no seas flojo) y Ama Sua (no seas ladrón) los primeros en armar un golpe de Estado serían esos mismos movimientos. Por ejemplo, los cocaleros del Chapare no aceptarían revelar la verdad respecto a dónde va el 97% de su coca que no llega al mercado legal; y aquellos grupos vinculados a actividades non sanctas no estarían dispuestas a dejar de robar al Estado y pagar sus impuestos en beneficio de la comunidad. Menos admitirían trabajar en favor de una casta gobernante, sin beneficio individual, como sucedía en sociedades precolombinas, donde los monarcas se involucraban hasta en las intimidades de sus súbditos.
CARLOS HERRERA
(XVIII fragmento del libro inédito "Apuntes sobre la Sociedad Abierta")
La idea de la libertad como valor social está en la base misma del mundo democrático occidental y define también el modelo de organización política del mismo. Aquí la libertad es un valor esencial, como lo demuestra el hecho de que todo el edificio jurídico de nuestros países parte del supuesto de que ella inviolable, es decir, no hay poder que pueda ir en su contra, ni estatal, ni particular.
Es con su positivización (darle el carácter de norma escrita) que se inaugura el movimiento Constitucionalista que tuvo su origen en las revoluciones del siglo XVIII. Y esto mismo deviene de una renovación filosófica sobre el valor del individuo como tal. Las leyes y normas que los poderes promulgan no deben atropellar su libertad en ningún caso. No se dice con esto que la libertad sea un asunto irrestricto, sino que hay un espacio en la vida de las personas donde nadie puede interferir. Como resultado de esto, las personas tienen el derecho de opinar libremente, asociarse según sus intereses (siempre que sea para fines lícitos) emprender las actividades económicas que deseen, elegir su religión y sus ideas políticas, elegir a sus autoridades y ser ellos mismos elegidos como tales.
No pueden los poderes públicos por tanto legislar o actuar en un sentido que restrinja o suprima el ejercicio de estas libertades. Pero este espacio de acción que las normas protegen tiene también un límite bien definido, termina donde comienza el espacio de los otros miembros de la comunidad. La libertad por lo mismo es un asunto reglado en nuestras sociedades. Ir en su ejercicio más allá de lo que esas reglas establecen supone una violación del orden establecido, una violación del Derecho que nos rige, que en las sociedades modernas constituye el referente último de orden y organización.
GABRIELA CALDERÓN
La semana pasada estuve en la reunión regional de la Mont Pelerin Society en Buenos Aires. Fundada en 1947 por 36 académicos convocados por Friedrich von Hayek, esta sociedad tiene el propósito de discutir el futuro del liberalismo. El tema de la reunión era “El reto populista a la libertad en América Latina”.
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