MARÍA MARTY
Hace unas semanas atrás, el Doctor en Ciencias Económicas y Estadística Matemática, Antonio Ignacio Margariti, realizó un informe en su programa ON24 sobre el sistema impositivo argentino en el que expone algunas cifras que logran alarmar a cualquiera.
Margariti comienza comparando a Argentina con Estados Unidos, que siendo una de las primeras potencias mundiales y figurando cuarto en el ranking de ingresos per cápita a nivel internacional (63.000 USD por año en promedio), cuenta con un total de cuatro impuestos.
Mientras tanto, Argentina ocupa el puesto 55 en dicho ranking (17.000 USD por año en promedio), tiene 96 impuestos a nivel nacional, provincial y municipal.
En su informe también nos cuenta que luego de revisar los 26 tomos de una obra llamada “La Ley. Impuestos”, ha detectado que existen 64.980 normas impositivas y reglas que supuestamente deberíamos conocer para no cometer infracciones.
Otro dato. Si existiera alguien que lograra aprenderse esa cantidad de normas y decidiera cumplirlas, estaría entregando al Estado el 74 % del ingreso que ha generado.
Es decir, una persona que desea permanecer en la legalidad en Argentina y no ser considerado por la ley un “delincuente”, debe estar dispuesto a trabajar 7,4 días de cada diez días para el Estado. ¿Pero es un delincuente alguien que evade en un infierno fiscal tratando de proteger su propiedad? ¿Es un delincuente alguien que se niega a ser un esclavo del gobierno de turno?
Antonio Margariti plantea la siguiente pregunta:
“¿No será lícito acaso la resistencia impositiva frente a este saqueo fiscal al que estamos sometidos?”
CARLOS MIRANDA
El pasado 15 de junio, el Presidente Evo Morales, al posesionar al octavo presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de su Gobierno, emitió dos instrucciones que tendrán bastante repercusión. El Mandatario pidió al nuevo presidente a.i. que maneje YPFB con austeridad y que revise todos los contratos que se han firmado últimamente.
ALFREDO BULLARD
Artidoro se levanta un buen día en su casa en el pequeño pueblo de Peor es Nada. Es el día de inaugurar su restaurante. Es el único restaurante del pueblo. Su buen amigo Crisólogo, el único economista de Peor es Nada, le había recomendado que hiciera la inversión: “Tendrás un monopolio. Es una inversión sin pierde. Si eres el único restaurante del pueblo, los clientes no tendrán otra alternativa que comer en él. Sin competencia ganarás mucha plata”. Artidoro está tan entusiasmado que, transparentemente, llama a su restaurante El Monopolio Culinario.
Efectivamente, el primer día Artidoro está feliz. El restaurante abre rebosando de clientes. Las ventas son buenísimas. Y así le va los siguientes días. Crisólogo lo visita con una sonrisa orgullosa de oreja a oreja: “Te puede ir mejor. Sube los precios y los clientes no tendrán otra alternativa que seguir pagándolos. Total no tienen a donde ir”.
Artidoro sigue el consejo de su amigo y duplica sus precios. Pero para su sorpresa, a los pocos días las ventas comienzan a caer.
No entiende qué pasa. Sale a la calle y pregunta a sus clientes. Descubre que en los días siguientes a la subida de precios comenzaron a aparecer quioscos de venta de comida y uno que otro restaurante pequeño donde sus comensales encuentran una alternativa más barata. Otros llevan lonchera a su trabajo y más de uno regresa a almorzar a su casa. Algunos incluso se iban a almorzar al cercano pueblo de Mejor es Todo.
El problema es que Crisólogo era economista, pero sabía poco de economía. Para ser un monopolio no basta con parecer ser el único. Es necesario que, cuando subes el precio, los consumidores no encuentren o no creen alternativas en el corto plazo. Si los consumidores pueden moverse no tienes en realidad un monopolio. El Monopolio Culinario debía en realidad llamarse El Monopolio Bamba.
Mauricio Ríos
Los episodios trágicos a consecuencia de la inseguridad ciudadana son cada vez más frecuentes en el país, contando cada vez más víctimas y afectando incluso a quienes jamás se imaginaron siquiera que podía tocarles.
No faltan quienes apuntan las causas de estas desdichas a la ineficiente provisión privada de seguridad, la ineptitud de la policía, las deficiencias educativas del país, o incluso –un idiota– al comportamiento de las mismas víctimas. Sin embargo, es importante plantear la discusión en la dimensión que podría ser la más correcta: la falta de respeto por los derechos de propiedad privada, en este caso de las víctimas sobre su propio cuerpo, y el derecho a portar armas no para tomar justicia por mano propia, sino en legítima defensa propia. Sí, porque hasta que llegue la policía, pública o privada, una persona ya fue asesinada.
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