PEDRO SCHWARTZ
Desde la Revolución americana de 1776 y la francesa de veinte años más tarde no cesa el aluvión de grupos nacionales que quieren constituirse en Estado. Primero lo hicieron por la fuerza de las armas los países de la América hispana, aunque Brasil se convirtió en Imperio sin verter sangre. A lo largo del siglo XIX se constituyeron el Imperio alemán y la Italia unificada, con sendas y numerosas guerras. Tres grandes colonias del Reino Unido se transformaron pacíficamente en “Dominions”: Canadá en 1867, Australia en 1901 y Nueva Zelanda en 1907. Tras la Primera Guerra Mundial, la creación de naciones se multiplicó en aplicación de la doctrina del presidenta estadounidense Wilson.
El resultado no fue halagador. Desde entonces, el nacionalismo se ha extendido a los cinco continentes, en especial a las que fueron colonias de las potencias europeas. En términos generales, la mayor parte de las transiciones hacia el Estado-nación fueron cruentas. Ni siquiera los horrores cometidos en nombre de las naciones en dos guerras mundiales han detenido el clamor por crear Estados nacionales. De forma más democrática y civilizada, sin duda, pero sin cesar en el intento, siguen los hombres apelando a la raza, la religión, el idioma, la historia o el hogar común para crear estados nacionales.
No es mi intención hoy entrar en la cuestión de qué grupos humanos tienen el derecho a constituirse en Estado. Más me interesa preguntar el porqué de ese impulso tan difundido, que lleva a numerosas comunidades a querer separarse del país al que pertenecen, como proclaman muchos escoceses o catalanes, o a reforzar y extender un Estado-nación en horas bajas, cual reclama el presidente ruso, o a transformar una organización de mera conveniencia, como es la Unión Europea, en un supra-estado. ¿Qué virtudes tiene la organización estatal para haberse convertido, a lo largo de los últimos dos siglos, en el objeto del oscuro deseo de tantos y tantos humanos?
ARMANDO MÉNDEZ
No se trata sólo de una costumbre inveterada la decisión anual del gobierno del aumento del salario mínimo. Es algo constitucional, no sólo de la última aprobada por referéndum, se encontraba ya en las anteriores. Tiene una larga historia, “es una conquista social”. Aunque su determinación debería hacerse por ley y no por decreto supremo.
En muy pocos países desarrollados no existe el salario mínimo. Es un planteamiento socialista que se ha impuesto en el mundo. Como suponen que en el mercado del trabajo, una de las partes –el empleador- impone su voluntad si se dejan actuar libremente a las fuerzas del mercado, entonces, el Estado debe salir en defensa de los trabajadores determinando un salario mínimo.
Una otra razón, a favor del salario mínimo es la crónica inflación en la que viven los países. Un mal endémico es la continua elevación de precios de lo que se denomina la canasta básica de bienes. Como estos suben, deben subir también los salarios, para que no caiga el poder adquisitivo del ingreso del trabajador, pero por determinación de los gobiernos, ya que no se confía en las libres fuerzas del mercado para que voluntariamente se realice este ajuste.
Pero siguiendo esta lógica, no se percatan sus auspiciadores que cuando se aumentan los salarios se incrementan los costos y por ende los precios de lo que producen. En la economía esto se conoce como la explicación mixta de la inflación. Esta se alimenta tanto por continuas expansiones de la demanda en los diferentes mercados como por contracciones de oferta como consecuencia del aumento de costos. Por consiguiente, todo aumento generalizado de salarios se trasladará al nivel de precios. Cuanto más alto sea el aumento salarial, más alta será la inflación.
JORGE VALÍN
Aún persiste el gran mito que el mundo financiero está dominado por la economía del libre mercado, cuando no hay mercado más regulado y socializado que el financiero.
Para empezar, la materia prima con la que se trabaja, el dinero, es un monopolio del primo hermano del Estado, los bancos centrales. Dicho monopolio está protegido por las leyes del Estado y el tan dañino "curso legal" que lo protege de la competencia. El que existan varias monedas en competencia dentro de un mismo territorio nos puede sonar extraño hoy día, pero ha sido lo habitual en la historia. Esta circunstancia, en parte, ha permitido en el pasado combatir uno de los grandes cánceres económicos de nuestro tiempo, la inflación.
Tal vez, otro de los motivos que relacionan las finanzas con el capitalismo salvaje (adjetivo este último que siempre está en boca del socialista) sea que los principales actores que participan en los mercados bursátiles, monetarios, de divisas, etc. son banqueros y gente de Wall Street. Ya saben, van con camisa y corbata, sinónimo inequívoco de ferocidad capitalista para todo buen socialista. Pero si analizamos la situación más allá de la estética, nos tendría que llamar la atención la fuerte alianza que existe entre estos hombres de negocios y el Gobierno. Se ha convertido en la norma habitual que cuando una entidad financiera pasa por malos momentos, el Gobierno y los bancos centrales acudan corriendo a darles nuestro dinero. Como se suele decir, la banca individualiza los beneficios y socializa las pérdidas. No hay nada más antiliberal que este tipo de "rescates", que no son más que nacionalizaciones encubiertas en muchos casos.
La "socialización del riesgo" que han conseguido estos hombres de negocios lleva aparejado otro principio antiliberal y muy relacionado con el socialismo: la pérdida de responsabilidad. Cuando uno no aprende de sus errores porque otro le saca las castañas del fuego continuamente, tiende a comportarse negligentemente. Es lo que se llama "riesgo moral". Si el Gobierno y amigos se dedican a tapar con nuestros impuestos las pérdidas de los bancos negligentes, constructores irresponsables o empresas que ya no sirven al mercado, ¿por qué dedicarse a otro negocio con un riesgo real donde no existe la posibilidad de beneficiarse de las pérdidas?
JUAN RAMÓN RALLO
Suiza acaba de rechazar por referéndum el establecimiento de un salario mínimo legal de 4.000 francos suizos mensuales, el equivalente a unos 3.270 euros. Algunos sacralizarán el rito electoral del referéndum al margen del resultado obtenido; otros apreciamos ese resultado (o aquel otro en el que rechazaron el establecimiento de un salario máximo) como una clara exteriorización de la madurez institucional de una sociedad que ha alcanzado elevadas cotas de prosperidad precisamente porque esa madurez ha impedido una involución populista de sus instituciones.
Pues, en efecto, la legislación que busca imponer un salario mínimo interprofesional es una forma de populismo normativo. Tal como explico en Una revolución liberal para España, la imposición legal de un salario mínimo no contribuye a aumentar las remuneraciones salariales percibidas por los trabajadores de un país: al contrario, sus efectos tienden a ser destrucción neta de empleo (o al menos una desaceleración en el ritmo de nuevas contrataciones), reducción de los ingresos de los trabajadores menos cualificados e incremento del número de familias bajo el umbral de la pobreza.
En contra de la propaganda dominante, la legislación del salario mínimo no es necesaria para lograr un salario creciente para el conjunto de la población. El EEUU del siglo XIX nos proporciona un ilustrativo ejemplo: el salario real de los estadounidenses se multiplicó por cuatro entre 1820 y 1914 sin necesidad de que los políticos lo decretaran. Otro ejemplo más actual nos lo proporciona, justamente, Suiza: la Confederación Helvética carece de un salario mínimo normativo, a escala confederal y cantonal (si bien a partir de 2015 el cantón de Neuchâtel dispondrá de uno); por su parte, los convenios colectivos sí imponen remuneraciones mínimas para las distintas profesiones, pero la mitad de la población suiza no se halla protegida alguno de ellos.
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