CARLOS ALBERTO MONTANER
El gran tema es el capital psicológico. Los economistas no lo valoran adecuadamente y es una de las claves de la prosperidad o de la pobreza. Una vez al año, el Cato Institute, el gran think-tank libertario de EE.UU., y la Universidad Francisco Marroquín —tal vez la más prestigiosa institución privada de Centroamérica—, reúnen en la bella ciudad de Antigua, Guatemala, a varias docenas de estudiantes de toda América Latina para explicarles la relación que existe entre la libertad y el desarrollo. Lo que sigue es la síntesis de lo que les conté.
Ya se acepta, porque parece evidente, que el desempeño económico de los pueblos es el resultado de cómo se trenzan y armonizan el capital humano (la educación), el capital cívico (el comportamiento social de la mayor parte del grupo) y el capital material (las riquezas naturales, las inversiones, las maquinarias, etc.). Pero en esa ecuación faltaba el capital psicológico. ¿Qué es eso? En esencia, lo constituyen las actitudes con que los individuos se enfrentan a siete factores fundamentales. Esas actitudes, claro, se derivan de percepciones, creencias y aprendizajes previos. Son éstas:
Actitud hacia la libertad. Donde abundan los individuos dispuestos a tomar decisiones y a construir con ellas su propia vida y a procurar la felicidad, sin las muletas del Estado, suele arraigar el bienestar personal y colectivo. Donde prevalece la búsqueda de la seguridad y se entrega el diseño de la vida a entidades exteriores, el resultado es mediocre. Algo de esto se imaginó Erich Fromm cuando escribió El miedo a la libertad.
MANUEL HINDS
En artículos anteriores he hablado de la gran diferencia que hay entre establecer como objetivo nacional la eliminación de la disparidad de ingresos y la de establecerlo como la eliminación de la pobreza.
Hay gente que cree que aunque conceptualmente hay una clara diferencia, en la realidad es lo mismo y que atacar el primero y defender el segundo es hilar demasiado fino porque en la práctica los dos tienden a producir el mismo efecto. Tomar esta posición es ignorar las lecciones más importantes del siglo XX en términos de desarrollo social. Es ignorar las lecciones que los tres fundadores del socialismo moderno —Felipe González de España, Tony Blair del Reino Unido y Deng-Xiaoping de China— enseñaron al mundo cuando transformaron el concepto de política social de una que generaba miseria en una que buscaba eliminar la pobreza.
La innovación de estos políticos de izquierda ha sido fundamental. Desde la época de Marx, el socialismo clásico (que en su época era el nombre de lo que ahora se llama comunismo) establecía como objetivo el lograr la igualdad de la riqueza y los ingresos. La única manera de lograr esto es que nadie tenga nada, lo que se logra con que el estado se vuelva el dueño de todos los medios de producción —es decir, de todo el capital.
GABRIELA CALDERÓN
En la asamblea se reparten tierras, se decide dónde podemos fumar y qué podemos fumar, quiénes deberán pagar más o menos impuestos y quiénes recibirán lo recaudado por el fisco, incluso hasta qué se hará con el cuerpo de las personas que en vida no expresaron qué deseaban como destino para sus órganos, tejidos y células. Los asambleístas tienen el poder de afectar directamente aspectos así de íntimos y cruciales en nuestras vidas. Mucha gente considera que el Estado es responsable de todo. “¡¿Cómo no va a haber una ley para prohibir/regular/controlar/dirigir/fomentar esto?!” Como se considera que a todo problema corresponde una ley, muchos países —el nuestro incluido— han llegado a padecer de lo que el abogado italiano Bruno Leoni denominó “inflación legislativa”.
No se trata de cuestionar la existencia del Estado o de las leyes. Desde una perspectiva liberal, el Estado se constituye para proteger —no conceder— “la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”. Solo quiero recordar que para la mayoría de problemas colectivos hay soluciones alternativas y superiores a la legislación. A lo largo de la historia los seres humanos se han organizado de manera espontánea no solo para participar en intercambios voluntarios en el mercado sino también para formar familias, asociaciones, clubs, comités de barrio, etc. Estos tipos de organizaciones espontáneas han ido descubriendo normas de comportamiento que son generalmente aceptadas.
El verdadero problema, decía Montesquieu, es que “las leyes innecesarias debilitan las necesarias”.
FERNANDO MOLINA
Países como Bolivia viven dentro de un círculo vicioso. No pueden salir de la cárcel de la política, que así se convierte en la gran tragedia de sus historias. Si, por una vez, confían su desarrollo al trabajo dinamizador y vanguardista de las empresas privadas, éstas, como pudimos comprobar en los años 90, se las arreglan para perforar las reglas y llevarse la parte del león de negocios que, en cambio, benefician poco al público. Aunque las reglas sean buenas o casi buenas, como lo fueron en Bolivia, el problema está en otra parte: reside en la debilidad de la propia sociedad para cumplirlas y hacerlas valer.
En respuesta se impone, entonces, una vez más, la política. Como aparente solución a los desaguisados decidimos entregar la responsabilidad de sacar adelante al país al Estado. Al mismo Estado de siempre. O, mejor, a un “nuevo” Estado, ya que se le han cambiado los ornamentos, pero que emerge del mismo país, la misma economía, la misma gente que es educada de igual manera. Es decir, con los mismos hábitos, vicios y limitaciones. Pero no podemos verlo: los trabajos de reestructuración del Estado absorben todas nuestras energías.
Demoler y reconstruir los pabellones, las torres, los tejados del Estado resulta mucho más fácil que cambiar la sociedad' Cambiar la sociedad es una cosa a la que, pese a sus encendidas proclamas, no se atreven ni los revolucionarios; o en realidad, a la que éstos se atreven menos que nadie. Lo suyo es el poder y sus derivaciones; todo lo demás lo menosprecian y, enseguida, lo descartan como “subjetividades”.
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