EDUARDO BOWLES
Cada vez que aparece un nuevo informe sobre el estado de la libertad de expresión en Bolivia, todos vuelcan la mirada hacia los medios de comunicación y los periodistas, que en honor a la verdad, jamás han sido monedita de oro de ningún régimen político y tampoco gozan de la plena comprensión ciudadana, siempre proclive a ejercer controles y establecer cortapisas, ignorando muchas veces el riesgo al que se expone la democracia cuando no se garantiza este derecho tan fundamental, precedente del sistema republicano.
Muchos creen erróneamente que la libertad de expresión pertenece a quienes tienen el oficio y ejercen mucho más proactivamente su derecho a informar de los asuntos públicos, cuando esta garantía es preexistente a la libertad política, al pluralismo, a la libertad económica y a muchas otras formas de agrupación, de asociación y participación ciudadana. Es muy fácil estrellarse contra los periodistas, imperfectos como cualquier ser humano y pensar que el resto de la sociedad queda exenta de riesgos cuando hay cada vez menos canales de comunicación independientes.
La comunicación social no es un apéndice o un accesorio de la comunidad. Es parte vital de la sociedad y si acabáramos con todos los medios y con todos los periodistas, porque son feos y molestos, habría que inventar otros. Y que no piense el ciudadano crítico de los medios, que el Gobierno está dispuesto a hacer periodismo o a ejercer una comunicación abierta con toda esa avalancha de canales, periódicos y radios que ha comprado con dinero del pueblo. El riesgo que enfrenta una sociedad sin pluralismo es el efecto de un poder propagandístico y de adoctrinamiento, una dictadura informativa, sin posibilidades de disenso y tampoco de equilibrio en la información.
CARLOS HERRERA
(V fragmento del libro inédito "Apuntes sobre la Sociedad Abierta")
Lo que el siglo XIX y parte del XX dejaron de herencia en Latinoamérica, en términos de conducta política, fue el autoritarismo. Finalizada la época colonial (inicios del siglo XIX) los ejércitos que se formaron para las guerras de la Independencia, una vez alcanzado tal propósito, asumieron el control de sus países como lógica consecuencia de ser las únicas fuerzas organizadas y con poder real. Asociados con facciones civiles altamente politizadas se dieron a la rápida tarea (para no desentonar en lo formal con las nuevas ideas liberadoras que llegaban del primer mundo) de elaborar para sus Estados normas constitucionales que observaran rigurosamente las ideas nacidas de las revoluciones del siglo XVIII.
Por eso adoptaron, en la generalidad de los casos, una organización política basada en la preponderancia de la ley, como un Estado constituido por los tres poderes clásicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Más aún, siendo la filosofía liberal la inspiradora de aquel movimiento emancipador en Latinoamérica, se hizo énfasis también en el respeto por los derechos individuales, tanto como del principio de la propiedad privada, central en la organización económica moderna.
Así fue en cuanto a lo formal, porque en la realidad y de forma absolutamente comprensible, el poder nunca fue dividido entre los tres poderes del Estado y por supuesto mucho menos ejercido de esa forma. Quienes asumieron el control de los gobiernos fueron, en la generalidad de los casos, si no los propios jefes de los ejércitos de liberación, personas muy vinculadas a estos grupos de fuerza. Como eran ellos los mejor organizados y como además detentaban la fuerza real, no les fue difícil subordinar a los otros poderes y hacerse del control bajo el argumento de la unidad nacional. Así comenzó la historia del autoritarismo moderno en muchos de los países del tercer mundo latinoamericano.
Álvaro Vargas Llosa
En el yermo intelectual que es la política latinoamericana, donde ni la izquierda ni la derecha parecen ya interesadas en la discusión ideológica, se echa en falta un esfuerzo por publicar libros sobre las grandes cuestiones. Nuestros políticos no acometen ideas y nuestros intelectuales no piensan acciones, por así decirlo.
JAVIER PAZ
El socialismo propugna la centralización del poder político y económico en manos de unos cuantos. Propugna que un pequeño grupo de burócratas controle todos los campos de la actividad humana. El socialismo rechaza la propiedad y la iniciativa privada sobre bases morales, como ser el rechazo al egoísmo, la falta de solidaridad, la explotación y otros males que los socialistas endilgan al sistema capitalista.
Un corolario de estos postulados es que los socialistas se creen poseedores de una moral y una inteligencia superiores al resto de la población. Porque solo suponiendo esa superioridad moral e intelectual se puede justificar que un pequeño grupo de burócratas decida qué educación impartir, qué puede la prensa publicar, qué se debe producir y a qué precios, qué se permite pensar y opinar, etc.
¿Se justifica la hipótesis de que los socialistas son moralmente superiores al resto de la población? Un repaso histórico nos mostrará que entre los gobiernos socialistas del mundo ha existido tanta o más corrupción que entre gobiernos con otras tendencias políticas, los jerarcas socialistas han sido tan proclives como cualquiera a enriquecerse y abusar del poder, así como a vicios de índole personal como el alcoholismo, a la infidelidad conyugal, el abuso a las mujeres, etc.
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