Iván Carrino
Tengo un especial afecto por Chile. La primera vez que visité Santiago probablemente tenía menos de 10 años. La última vez que estuve fue hace relativamente poco tiempo, en un congreso organizado por la Fundación Para el Progreso.
Lo que sucede con Chile, y a mí especialmente, ya que me dedico al análisis económico “de este lado de la cordillera”, es que todo lo que uno desearía para nuestro país, Argentina, parece ya estar en funcionamiento ahí.
En mis clases de Comercio Internacional siempre contamos la exitosa experiencia de apertura que muestra el caso chileno. La reducción de barreras arancelarias, primero, y la firma de una enorme cantidad de tratados de libre comercio después, le permitieron a Chile beneficiarse del intercambio internacional, mejorando los salarios reales de los chilenos. Todo esto, además, se dio en paralelo con una economía en crecimiento, bajos niveles de inflación y un también bajo nivel de desempleo.
Obviamente, esto no siempre fue así. Pero a mediados de la década del ’70, el rumbo económico de Chile cambió. Abandonaron el socialismo y migraron hacia un sistema de libre mercado. Al menos en comparación con sus vecinos regionales.
RICARDO HAUSMANN
Desde la crisis financiera del 2008, ha sido común criticar a los economistas por no haber predicho el desastre, por haber dado recetas erróneas para evitarlo, o por no haber podido arreglarlo luego de sucedido. Los llamados a nuevas formas de pensamiento económico han sido persistentes –y justificados–. Pero todo lo nuevo puede que no sea bueno, y que todo lo bueno no sea nuevo.
El aniversario número 50 de la Revolución Cultural china constituye un recordatorio de lo que puede pasar cuando se tira por la borda toda la ortodoxia. La actual catástrofe de Venezuela es otro: un país que debería ser rico está sufriendo la peor recesión, la inflación más alta y el peor deterioro de los indicadores sociales del mundo. Sus ciudadanos, que habitan sobre las reservas petrolíferas más grandes de la Tierra, literalmente están pasando hambre y muriéndose por falta de alimentos y medicinas.
Cuando este desastre se estaba desarrollando, Venezuela recibió elogios por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la Comisión Económica para América Latina, del líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbin, del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y del estadounidense Center for Economic Policy Research (Centro de Investigación de Política Económica), entre otros.
Entonces, ¿qué es lo que el mundo debería aprender del hecho de que este país haya caído en la miseria? Venezuela quedará como el ejemplo emblemático de los peligros que conlleva el rechazo de los principios básicos de la economía.
JUAN RAMÓN RALLO
La deuda pública española alcanzó la simbólica cifra del 100% del PIB al cierre del primer trimestre de 2016: casi 1,1 billones de euros o 60.400 euros por familia. Se trata de la cantidad más elevada de nuestra historia y es el resultado de ocho años de una irresponsable gestión presupuestaria por parte de los distintos gobiernos de España: y es que, desde que arrancara la crisis, la deuda de las Administraciones Públicas se ha incrementado en más de 700.000 millones de euros. O dicho de otra forma, entre 2007 y la actualidad, las obligaciones financieras del Estado se han prácticamente triplicado.
Además, y en contra de lo que suele afirmarse, este brutal estallido de la deuda pública no se debe esencialmente al rescate de la banca, sino al desfase estructural entre ingresos y gastos presupuestarios. Más en particular, los pasivos estatales empleados en recapitalizar a las cajas españolas han ascendido a 50.000 millones de euros: por tanto, sólo el 7% de todo el incremento de deuda vivido desde 2007 se explica por los fondos inyectados en el sistema financiero; el otro 93% se debe al exceso de gasto estatal con respecto a la recaudación fiscal.
Por consiguiente, los políticos han colocado sobre las espaldas de cada familia española más de 60.000 euros de deuda por negarse a cuadrar las cuentas: y han sido incapaces de cuadrar las cuentas no por haber recortado demasiado el gasto —tal como el populismo asegura— sino por haberlo recortado demasiado poco.
Afortunadamente, mientras las Administraciones Públicas mostraban una indisciplina fiscal histórica, las familias y las empresas exhibían una austeridad ejemplar. Desde 2007, las familias han reducido su endeudamiento privado en 150.000 millones de euros y las empresas en 270.000 millones: en total, una minoración de sus obligaciones financieras de más de 420.000 millones.
ALFREDO BULLARD
Jaime Saavedra, ministro de Educación, es quizá el mejor ministro de Humala por lo que está haciendo en la mejora de la educación escolar.
Pero al mejor cazador se le va la liebre. Su reciente defensa de la Ley Universitaria y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) en un artículo publicado en este mismo Diario, se aleja mucho de sus capacidades y logros.
Parece partir de una premisa sencilla: en educación no puede haber un mercado perfecto, por lo que hay que regularla. Pero en realidad no hay ningún mercado perfecto. El mercado es seres humanos actuando y los seres humanos somos imperfectos. Con un razonamiento tan simple, todos los mercados requieren regulación.
El argumento del mercado imperfecto se repite muy alegremente. Pero ¿es la regulación perfecta para colocarla como alternativa? No, porque también es hecha por humanos imperfectos. La pregunta no es si el mercado es perfecto o imperfecto. La pregunta es si el mercado imperfecto es mejor que la regulación imperfecta.
Luego, el ministro dice que hay fallas de mercado. Estoy de acuerdo. Pero también hay fallas de la regulación. Que el mercado falle no sirve para justificar la regulación. La imperfección no es mala. Es parte del proceso de desarrollo pues, como me dijo hace unos días mi hijo Mariano de solo 6 años, “si todos fuéramos perfectos, no aprenderíamos nada”. Lo que no explica Saavedra es por qué la regulación será menos imperfecta que el mercado que pretende corregir
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