ARMANDO MÉNDEZ
La esencia fundamental de una economía de mercado es el intercambio de todo tipo de bienes, servicios y activos por medio del dinero y sobre la base de precios libres y competitivos que se determinan por los comportamientos de ofertas y demandas en cada mercado. Este comportamiento ya está generalizado al interior de los países, pero no con el exterior, lo cual debería hacérselo también, A esto se llama internacionalizar la economía como parte de la globalización.
Si ningún gobierno impone barreras al comercio al interior de su país, se podría generalizar diciendo que hoy todos los países internamente son economías de libre mercado. En cambio, siguen las trabas al libre comercio entre países por la existencia de aranceles y otras barreras llamadas “para arancelarias” que son modificadas por las políticas económicas de los gobiernos en función de lo que ellos creen que es conveniente para sus países.
Hace ya tiempo que existen “tratados de libre comercio”; es un avance, sin duda, hacia la economía de libre mercado en el mundo, pero en estos tratados dominan los intereses nacionales que son lo intereses de sus grandes empresarios y de los propios trabajadores, a quienes no les gusta la competencia externa si es que producen lo que ellos hacen pero a precios más bajos. Por esta razón, en los tratados de libre comercio se estipula que cosas pueden comerciarse sin ninguna restricción y cuales no pueden tener la misma conducta. La principal barrera que deben eliminar todos los países del mundo son los aranceles, que son impuestos a la actividad del comercio exterior.
Iván Carrino
Tengo un especial afecto por Chile. La primera vez que visité Santiago probablemente tenía menos de 10 años. La última vez que estuve fue hace relativamente poco tiempo, en un congreso organizado por la Fundación Para el Progreso.
Lo que sucede con Chile, y a mí especialmente, ya que me dedico al análisis económico “de este lado de la cordillera”, es que todo lo que uno desearía para nuestro país, Argentina, parece ya estar en funcionamiento ahí.
En mis clases de Comercio Internacional siempre contamos la exitosa experiencia de apertura que muestra el caso chileno. La reducción de barreras arancelarias, primero, y la firma de una enorme cantidad de tratados de libre comercio después, le permitieron a Chile beneficiarse del intercambio internacional, mejorando los salarios reales de los chilenos. Todo esto, además, se dio en paralelo con una economía en crecimiento, bajos niveles de inflación y un también bajo nivel de desempleo.
Obviamente, esto no siempre fue así. Pero a mediados de la década del ’70, el rumbo económico de Chile cambió. Abandonaron el socialismo y migraron hacia un sistema de libre mercado. Al menos en comparación con sus vecinos regionales.
RICARDO HAUSMANN
Desde la crisis financiera del 2008, ha sido común criticar a los economistas por no haber predicho el desastre, por haber dado recetas erróneas para evitarlo, o por no haber podido arreglarlo luego de sucedido. Los llamados a nuevas formas de pensamiento económico han sido persistentes –y justificados–. Pero todo lo nuevo puede que no sea bueno, y que todo lo bueno no sea nuevo.
El aniversario número 50 de la Revolución Cultural china constituye un recordatorio de lo que puede pasar cuando se tira por la borda toda la ortodoxia. La actual catástrofe de Venezuela es otro: un país que debería ser rico está sufriendo la peor recesión, la inflación más alta y el peor deterioro de los indicadores sociales del mundo. Sus ciudadanos, que habitan sobre las reservas petrolíferas más grandes de la Tierra, literalmente están pasando hambre y muriéndose por falta de alimentos y medicinas.
Cuando este desastre se estaba desarrollando, Venezuela recibió elogios por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, de la Comisión Económica para América Latina, del líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbin, del expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y del estadounidense Center for Economic Policy Research (Centro de Investigación de Política Económica), entre otros.
Entonces, ¿qué es lo que el mundo debería aprender del hecho de que este país haya caído en la miseria? Venezuela quedará como el ejemplo emblemático de los peligros que conlleva el rechazo de los principios básicos de la economía.
JUAN RAMÓN RALLO
La deuda pública española alcanzó la simbólica cifra del 100% del PIB al cierre del primer trimestre de 2016: casi 1,1 billones de euros o 60.400 euros por familia. Se trata de la cantidad más elevada de nuestra historia y es el resultado de ocho años de una irresponsable gestión presupuestaria por parte de los distintos gobiernos de España: y es que, desde que arrancara la crisis, la deuda de las Administraciones Públicas se ha incrementado en más de 700.000 millones de euros. O dicho de otra forma, entre 2007 y la actualidad, las obligaciones financieras del Estado se han prácticamente triplicado.
Además, y en contra de lo que suele afirmarse, este brutal estallido de la deuda pública no se debe esencialmente al rescate de la banca, sino al desfase estructural entre ingresos y gastos presupuestarios. Más en particular, los pasivos estatales empleados en recapitalizar a las cajas españolas han ascendido a 50.000 millones de euros: por tanto, sólo el 7% de todo el incremento de deuda vivido desde 2007 se explica por los fondos inyectados en el sistema financiero; el otro 93% se debe al exceso de gasto estatal con respecto a la recaudación fiscal.
Por consiguiente, los políticos han colocado sobre las espaldas de cada familia española más de 60.000 euros de deuda por negarse a cuadrar las cuentas: y han sido incapaces de cuadrar las cuentas no por haber recortado demasiado el gasto —tal como el populismo asegura— sino por haberlo recortado demasiado poco.
Afortunadamente, mientras las Administraciones Públicas mostraban una indisciplina fiscal histórica, las familias y las empresas exhibían una austeridad ejemplar. Desde 2007, las familias han reducido su endeudamiento privado en 150.000 millones de euros y las empresas en 270.000 millones: en total, una minoración de sus obligaciones financieras de más de 420.000 millones.
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