CARLOS SABINO
Las elecciones en el Cono Sur del continente han dado, otra vez, victorias para el progresismo. Siguiendo el triunfo de Michelle Bachelet en Chile hace ya unos meses, Dilma Rousseff se ha impuesto en Brasil por ajustado margen para otro mandato de cuatro años y Tabaré Vásquezha de ganar –casi con seguridad— la segunda vuelta de las presidenciales uruguayas. Evo Morales, por otra parte, ha triunfado hace pocas semanas en Bolivia, y lo ha hecho por un amplio margen.
Muchos y variados son los factores coyunturales que han contribuido a producir estos resultados, naturalmente, pero veamos las tendencias de fondo que pueden explicar la solidez electoral del progresismo en estos y otros países latinoamericanos.
¿Por qué los electorados prefieren, casi siempre, políticos que se inclinan hacia la izquierda en nuestra región? ¿Cómo puede explicarse que los populistas del tipo que existen en Bolivia, Nicaragua o Ecuador, concitan siempre el apoyo de una importante franja de la ciudadanía, a pesar de su estilo personalista y el desprecio que exhiben hacia las libertades políticas y civiles? La respuesta no es simple pero se encuentra en las aspiraciones de un amplio sector del electorado, el más pobre, y de su actitud hacia los Gobiernos que elige.
Esta amplia franja de votantes piensa que el Estado, en definitiva, es una máquina para otorgarle beneficios económicos —cuanto más tangibles mejor. Los programas sociales que entregan ayudas directas, en dinero o comida, son los favoritos de quienes piensan que la riqueza, aunque sea en pequeñas dosis, puede ser transferida a sus manos sin mayor esfuerzo, solo votando por quien ofrece más.
CARLOS ALBERTO MONTANER
España está en medio de una tremenda crisis que puede acabar con una buena parte de sus formaciones políticas y precipitarla en una crisis institucional gravísima.
La mala noticia es que el origen del conflicto se encuentra en la corrupción generalizada, que afecta al Partido Popular, al Partido Socialista, a los sindicatos, a los comunistas de Izquierda Unida, a los jefes históricos de Convergència i Unió, un partido catalán de centroderecha que hoy busca la independencia, y, naturalmente, a unos cuantos empresarios enriquecidos al amparo del poder político.
Surge un escándalo tras otro, al extremo de que es frecuente escuchar que todos los políticos son unos ladrones. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido perdón al país. También lo ha hecho Esperanza Aguirre, líder madrileña del Partido Popular, por haber elegido mal a sus colaboradores. Es correcto pedir perdón.
La buena noticia es que está actuando la justicia y nadie trata de impedirlo. En el país hay más de 600 personas condenadas por delitos relacionados con el peculado, la malversación o el impago de los impuestos. Los últimos detenidos e imputados son más de medio centenar. Se terminó la impunidad.
Las consecuencias de esta pérdida de prestigio de la clase política es la ascensión del grupo político conocido como Podemos, dirigido por un joven profesor llamado Pablo Iglesias. Un sondeo publicado por El País lo sitúa a la cabeza de las preferencias electorales.
ANÍBAL ROMERO
Diversos comentaristas se han referido al actual Estado venezolano como un “Estado fallido”. En lo que sigue argumentaré que el Estado “bolivariano” no es un Estado fallido, aunque creo razonable afirmar que la sociedad venezolana sí lo es.
Empecemos por definir de manera concisa qué es un Estado. Según Max Weber, para empezar, el Estado es una instancia de poder que “reclama para sí, dentro de un determinado territorio, el monopolio de la violencia física legítima”. Cabe constatar que el Estado “bolivariano” (y uso el término “bolivariano” tan solo para designarle, sin contenido conceptual, histórico o moral alguno) no solamente reclama para sí el control de la violencia legítima sino también de la ilegítima, mediante la acción de los llamados “colectivos” y otras organizaciones paramilitares colocadas fuera de la ley, dirigidas a intimidar y reprimir al “enemigo interno”.
Los analistas que caracterizan al actual Estado venezolano como “fallido” tienden a confundir el aspecto estrictamente empírico (es decir, el problema de lo que el Estado es), con el aspecto ético o normativo (es decir, lo que debería ser el Estado). Según Thomas Hobbes el Estado, en este último sentido, se define en función de la relación entre protección y obediencia, o expresado en otros términos, en función de la misión de garantizar la seguridad de los ciudadanos a cambio de su obediencia. Desde luego, en el contexto de lo que hoy entendemos como Estado de Derecho esa obediencia no se refiere a un tirano absolutista, sino a las leyes; pero está claro que la misión de la ley es igualmente la de proteger a la ciudadanía a cambio de su legítima aceptación de la misma
CARLOS ALBERTO MONTANER
No piense mal. Me refiero al Estado. Este es un debate que sacude al planeta.
El tamaño del Estado, por supuesto, importa mucho, pero lo realmente vital es la calidad (como en lo otro, lector malpensado). Lo esencial es cómo, en qué, por qué y quiénes se gastan los recursos que se les entregan, y no a cuánto ascienden.
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