PETER F. SCHAEFER Y CLAYTON SCHAEFER
Aunque la mayoría de los economistas están de acuerdo con que los derechos de propiedad contribuyen de manera fundamental al crecimiento económico y a la prosperidad ampliamente difundida, más de mil millones de hogares en países pobres todavía viven sin derechos sobre sus viviendas que sean seguros, documentados, registrados públicamente o intercambiables.
Como en los países desarrollados, las personas en los países pobres tienen la mayor parte de sus ahorros —de su riqueza— en sus viviendas. Pero a diferencia de los países desarrollados, los derechos de propiedad débiles hacen que la mayor parte de los ahorros de los pobres del mundo sean ilíquidos. Esto no es una cuestión trivial dado que el valor de estos ahorros congelados se estima que valen más de $10 billones.
Para intentar de abordar esta cuestión, los donantes occidentales han dado miles de millones de dólares a los gobiernos de los países pobres a lo largo de las últimas décadas para que intenten modernizar sus sistemas de registro de tierras, con poco éxito. Desafortunadamente, han habido incluso menos logros formalizando las propiedades que anteriormente no tenían título. En la mayoría de países, los abogados, los burócratas de carrera y los inspectores profesionales se han resistido a la necesaria simplificación de los procedimientos de registro de propiedades, mientras que las élites corruptas han utilizado cualquiera de los nuevos sistemas para registrar tierras como otra forma de capturar riqueza para ellos mismos.
Hay pocos incentivos para que las elites cambien la situación
Porque las élites en los países pobres obtienen enormes beneficios financieros y políticos del control que son capaces de ejercer sobre la asignación de los derechos sobre la tierra, hay pocos incentivos para que ellos cambien la situación.
Roberto Laserna
La discusión de la ley de autonomías ha puesto de relieve la necesidad de un pacto fiscal. Sin embargo, lo único que se debate es, en realidad, cómo actualizar un pacto rentista entre burocracias que excluyen a los actores sociales y económicos.
Un pacto fiscal tiene por objeto definir la magnitud y los procedimientos de recaudación de impuestos, y el destino que se les ha de dar. Es decir, es un acuerdo sobre el rol del Estado, su papel en el proceso de desarrollo, los objetivos y las metas que debe cumplir, y las manera por las cuales se van a financiar sus actividades. En consecuencia, debe ser un acuerdo socio político, cuyos protagonistas fundamentales deben ser los actores políticos y sociales. El pacto fiscal es un mandato concertado que determina lo que deben hacer las burocracias, sus obligaciones y responsabilidades, las prioridades que deben atender y la forma en que deben rendir cuentas.
EDUARDO BOWLES
En el marco del debate sobre el Pacto Fiscal ha surgido la propuesta 50-50, es decir, 50 por ciento para el centralismo y 50 por ciento para las regiones, municipios y universidades públicas. La idea parece exagerada y es natural que el presidente Morales exclame que eso no es nada más que una “repartija”. Lo dice porque llegar a esos niveles de distribución significaría quitarle el 30 por ciento de los recursos públicos al gobierno nacional, es decir al primer mandatario y su entorno, un grupo de no más de 20 personas que son los que deciden en qué se invertirán los recursos del Estado.
TEÓFILO CABALLERO
La estrepitosa caída del precio del Barril de petróleo crudo en el mercado mundial de $us. 105 hace seis meses a $us. 48 a mediados de enero de 2015, mas allá de provocar un remezón en las finanzas públicas y dejar sin argumentos a muchos analistas simpatizantes del proceso de cambio, que afirmaban que la bonanza que vivía Bolivia era gracias a la Nacionalización y la redistribución de recursos, es definitivamente una nueva oportunidad para Santa Cruz.
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